La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) hizo un llamado urgente este lunes 23 de diciembre sobre la situación de salud que padecen dos detenidas en el contexto de las protestas poselectorales.
Se trata de María Elena Becerra Márquez, de 45 años, recluida en el Anexo Femenino del Centro Penitenciario de Occidente, en Santa Ana del Táchira, y Alfredo Rivera, detenido en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón.
La organización denunció que Becerra padece de la tensión, mientras que Rivera presenta protuberancias en su zona íntima que le dificultan caminar, por lo que requieren de manera urgente atención médica especializada.
Recordó que el respeto a la dignidad humana y la integridad física, psíquica y moral de los detenidos están contemplados tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Instamos a las autoridades a garantizar la atención médica necesaria para María y Alfredo, así como a asegurar que se respeten sus derechos en todo momento”, resaltó.
Asimismo, la ONG reiteró su llamado a la liberación de personas detenidas por razones políticas, destacando la responsabilidad del Estado en proteger la salud y el bienestar de quienes están bajo su custodia. La organización advirtió que la inacción podría tener consecuencias irreparables.
Contexto de las detenciones
María Becerra, madre de dos adolescentes deportistas de 14 y 16 años y licenciada en Educación, fue detenida por funcionarios adscritos a la División Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el 12 de agosto de 2024 en Palmira, estado Táchira, mientras realizaba compras para su hogar.
Fue acusada de traición a la patria, conspiración e incitación al odio, basándose en una denuncia sobre un supuesto video en TikTok.
Por su parte, Alfredo Rivera fue arrestado por agentes de la Dirección de Acciones Especiales Tácticas (DAET) el 10 de agosto de 2024 en Guasimal, estado Aragua, durante la “Operación Tun Tun”.
Está imputado por delitos de terrorismo, resistencia a la autoridad, agresión a un funcionario e incitación al odio.
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